Alertan sobre un proyecto de ley que discrimina a mujeres y miembros de la comunidad LGBT en Guatemala

Diferentes organizaciones que defienden los derechos humanas alertan sobre los peligros de la aprobación de la denominada Ley de Protección a la Vida y la Famillia, que criminaliza a la mujer, discrimina a los miembros de la comunidad LGBT, extiende los prejuicios contra la diversidad sexual y promueve la homofobia.

Luis M. Álvarez • 02/09/2018

Jimmy Morales | Foto: Uso permitido

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Alrededor de veinte organizaciones que defienden los derechos humanos alertan sobre la aprobación de un proyecto de ley que consideran «extremadamente peligroso», que está pendiente de pasar un último trámite de cara a su aprobación definitiva en Guatemala. La denominada Ley de Protección a la Vida y la Familia permitiría que cualquier mujer pudiera ser sometida a interrogatorios policiales ante la sospecha de haber abortado, así como enfrentarse a un juicio incluso aunque hubiera sido un aborto involuntario. Una ley que también discrimina de diferentes maneras a los miembros de la comunidad LGBT, así como extiende los prejuicios contra la diversidad sexual y promueve la homofobia.

«Si el Congreso aprueba este proyecto de ley, enviará el mensaje de que las mujeres y las personas LGBT son ciudadanos de segunda clase en Guatemala (…). La propuesta carece totalmente de sentido común, es inhumana y podría convertir en criminales a las mujeres y niñas que tengan abortos espontáneos », advierte José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Este proyecto de ley ya ha sido aprobado en sus dos primeros trámites por el Congreso de Guatemala, estando pendiente de una tercera votación, siendo necesario finalmente que cada artículo sea aprobado de forma individual para que el presidente, Jimmy Morales, firme la ley.

Actualmente el aborto es legal en Guatemala únicamente cuando esté en riesgo la vida de la embarazada. Con esta nueva propuesta se define al aborto como la «muerte natural o provocada» del embrión o feto, proponiendo penas de hasta cuatro años de prisión para las mujeres que tengan un «aborto». Asimismo se «prohíben expresamente» las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo y se define a la «familia» como limitada a un «padre, madre e hijos», siendo explícitos al excluir a las personas transexuales al indicar que las uniones matrimoniales deben producirse entre hombres y mujeres «de nacimiento». Por último, el artículo 2 define la diversidad sexual como «el conjunto de pensamientos, tendencias y prácticas por las que determinados grupos de la sociedad adoptan una conducta sexual distinta a la heterosexualidad e incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano».

«Las disposiciones de 'protección familiar' en este proyecto de ley no son más que la promoción de la homofobia», afirma Vivanco, quien defiende que «la libertad de conciencia y expresión no es un cheque en blanco para discriminar a las personas LGBT». Desde Human Rights Watch sostienen que aunque el matrimonio entre personas del mismo sexo no esté reconocido en Guatemala, este proyecto de ley tiene el propósito de consolidar y reforzar esa realidad inaceptable, además permitir expresamente la discriminación sobre la base de la orientación sexual. «Es lamentable que un proyecto legislativo que violenta la Constitución y que supone un retroceso en materia de derechos humanos haya avanzado hasta la segunda lectura», denuncian organizaciones entre las que se encuentran el Grupo Multisectorial para los Derechos Sexuales y Reproductivos, la Mesa Nacional por la Educación Integral y Sexualidad y Mujeres Transformando el Mundo.

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