Comienza en Granada el juicio del padre Román por los abusos sexuales del caso Romanones

Comienza en Granada el mayor juicio contra la pederastia eclesiástica en España que sienta en el banquillo de los acusados al padre Román como lider del clan de lso Romanones, pero también al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, como responsable de la diócesis qie tendría responsabilidad civil subsidiaria de los presuntos delitos cometidos por el acusado.

Luis M. Álvarez • 07/03/2017

Comienza en Granada el juicio del padre Román por los abusos sexuales del caso Romanones | Foto: Youtube

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Desde este lunes, 6 de marzo, se celebra el juicio del caso Romanones, considerado el mayor juicio contra la pederastia eclesiástica en España. A pesar de que inicialmente se señalaba al 7 % del clero de la ciudad de Granada, finalmente sólo se podrá juzgar al padre Román, al haber prescrito los demás delitos, aunque también comparecerá el arzobispo, Francisco Javier Martínez, al estar acusada la diócesis como responsable civil subsidiaria de los supuestos abusos cometidos por el acusado. La víctima, aludida como Daniel, aunque es un nombre ficticio, consiguió acceder al Papa Francisco mediante una carta en la que le relataba su lamentable experiencia, recibiendo posteriormente una disculpa por parte del sumo Pontífice mediante una llamada telefónica.

El clan de los Romanones y su causa

El padre Román está acusado de un delito de abuso sexual continuado y agravado por el resultado de acceso carnal contra un menor producido entre 2004 y 2007, cuando Daniel tenía entre 14 y 17 años de edad. Daniel había sido víctima no sólo del padre Román, sino también del denominado club de los Romanones, un grupo de religiosos de Granada, una secta según algunos por su manera de actuar, dado que operaban bajo las directrices de un líder, el padre Román, en la parroquia San Juan María Vianney, ubicada en el barrio del Zaidín, así como en varias viviendas de la provincia de Granada. Si bien Daniel es el único denunciante de este caso, sostiene que hay más víctimas que sufrieron los mismos abusos, afirmando la Subdelegación del Gobierno que habría «indicios razonables» de que así fuera.

Por un lado, la Fiscalía pide nueve años de cárcel para el padre Román, así como dos prohibiciones, una de alejamiento de 100 metros de la víctima y otra que le impida intentar comunicarse con ella en los próximos 10 años. Asimismo, solicita una indemnización de 50.000 euros por daños morales, a los que tendría que hacer frente la diócesis, como responsable civil subsidiaria. Por otro lado, la acusación particular solicita 26 años de prisión, una orden de alejamiento de al menos 500 metros y otra que le impida comunicarse con la víctima durante 20 años, además de una indemnización por daños morales pro la misma cantidad. En tercera instancia, la acción popular, ejercida por la Asociación Prodeni, pide 15 años de prisión, inhabilitación absoluta por 15 años y prohibición de comunicarse y de aproximarse a la víctima en los próximos 15 años, ascendiendo la cuantía de su indemnización a los 75.000 euros.

El padre Román y su declaración

Según el Código Penal, los delitos de abusos sexuales sin penetración, exhibicionismo y encubrimiento prescriben a los tres años desde que la víctima cumple la mayoría de edad, motivo por el que no han sido imputados los doce investigados en la causa, de los que diez eran sacerdotes. En el caso del padre Román, considerado líder del clan de los Romanones, el plazo de prescripción para los delitos que se le imputan sería de diez años.

Está previsto que testifiquen hasta 40 testigos y 14 peritos en la sala de la Audiencia de Granada entre el 6 y el 21 de marzo, estando Daniel citado a declarar este miércoles, 8 de marzo, mientras que el viernes, 10 de marzo, lo hará el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, quien fuera denunciado en febrero por el Observatorio Español contra la LGTBfobia por unas declaraciones en la homilía del día de San Valentín en la que habría llegado a firmar que la ideología de género conlleva «una patología, una cortedad, y una torpeza de la inteligencia».

El acusado principal del caso, el padre Román, testificaba ayer mismo, lunes, 6 de marzo, negando todas las acusaciones y alegando que lo único que ofrecía a su víctima era «amor cristiano» cuando firmaba sus cartas con un «te quiero mucho». Si bien sí ha admitido que Daniel habría dormido, como muchos otros, en la casa parroquial o en otras propiedades de la diócesis, siempre lo habría hecho en otra habitación porque «no me entra en la cabeza dormir con otra persona». Además, según el padre Román, la víctima habría estado llevando «una doble vida», porque tenía novia mientras decía que quería ser sacerdote, motivo que le conduce a distanciarse de él, además de que afirma llegó a verse en la necesidad de intervenir en favor de su novia, quien se sentía acosada por Daniel. Según el padre Román, la denuncia de Daniel se debe únicamente a motivos económicos.

La iglesia católica y su investigación

A pesar de que el Papa Francisco declaraba que la Iglesia Católica debía pedir perdón contra la discriminación ejercida hacia los homosexuales, miembros prominentes de la iglesia no han cesado en su ataque sistemático el colectivo LGBT al hablar del «imperio gay», movilizándose contra los derechos de los homosexuales, hablando en términos de «trastorno psicológico» para referirse a las personas transexuales, deseando que hubiera pena de muerte para los homosexuales y cuestionando que no estén enfermos o condenando la actuación de una drag en el carnaval. Pocos síntomas de conciliación para un colectivo que no deja de tener entre sus miembros quienes se definen como creyentes y hasta católicos.

El hecho de que Daniel, numerario hoy en día del Opus Dei, enviara una carta al Papa Francisco en el que le relata los reiterados abusos sexuales de miembros de su iglesia a lso que fuera sometido, le ha servido de motivación suficiente como para abrir una investigación interna, cuyo informe ha sido además aceptado como prueba en el juicio. No es de extrañar que la defensa del padre Román pidiera su anulación, dado que en ese informe determina que sí existe «apariencia delictiva» en los hechos denunciados, motivo por el que tres de los sacerdotes implicados han sido apartados del ministerio sacerdotal, aunque no así los otros siete, que han seguido dando misa en sus respectivas parroquias. Al menos, según el delito católico, los crímenes de delitos sexuales sólo prescriben pasados 20 años desde que la víctima cumple la mayoría de edad, por lo que ninguno de los crímenes denunciados habrían prescrito a los ojos de Dios. El arzobispo de Granada escenificaba un acto en el que pedían perdón por el escándalo, en lo que, indirectamente, ya supone una admisión de los hechos.

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