La discriminación aumenta en Indonesia mientras su gobierno quiere criminalizar la homosexualidad

A pesar de las críticas de la comunidad internacional contra la persecución del colectivo LGBT, y de una sentencia en contra de la criminalización de la homosexualidad por parte del Tribunal Constitucional, el gobierno de Indonesia sigue empeñado en criminalizar el adulterio, la homosexualidad y las relaciones sexuales fuera del matrimonio en un país en el que en los dos últimos años se ha incrementado considerablemente la discriminación contra las personas homosexuales, bisexuales y transexuales.

Luis M. Álvarez • 01/02/2018

El gobierno de Indonesia está empeñado en criminalizar el adulterio y la homosexualidad - Foto: Youtube

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Más allá de la dura represión que experimenta el colectivo LGBT en la provincia de Aceh, donde se aplica la sharia y esta misma semana conocíamos la redada a un salón de belleza donde se detenía a una docena de transexuales, Indonesia está expuesta a una ola de retroceso en lo que se refiere a los derechos humanos. Si por un lado, nueva de cada diez personas consideran que la homosexualidad es una amenaza para su país, según una encuesta publicada el pasado jueves, 25 de enero, el gobierno sigue adelante con su intención de criminalizar tanto las relaciones sexuales fuera del matrimonio, que penalizaría con cinco años de cárcel, como también las que se produzcan entre personas del mismo sexo o entre dos personas que no hayan contraído matrimonio, a pesar de que el Tribunal Constitucional ya se pronunciara en contra de esta medida el pasado mes de diciembre.

«Indonesia, cuya constitución garantiza los derechos humanos y ha ratificado muchos convenios de derechos humanos, será ridiculizada por el mundo por crear una ley que potencialmente viola muchos de esos derechos», declara Said Muhammad Isnur, director de defensa legal en la Fundación del Instituto de Asistencia Jurídica del país. Activistas y expertos legales temen que se propague la vigilancia parapolicial, lo que ya se produce en algunas zonas de Indonesia, y se produzca un retroceso de los derechos humanos y la privacidad en el que es el cuarto país más poblado del mundo, con 250 millones de habitantes, por lo que ya se han movilizado para combatir este proyecto desde la oposición del gobierno. Asimismo, también consideran que la joven democracia del país mayoritariamente musulmán se debilitaría si salen adelante propuestas como tildar de difamación cualquier crítica potencial al presidente y otras revisiones que tendrían como objetivo debilitar las medidas para combatir la corrupción.

Dos años después de su elección, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, habla en octubre de 2016 sobre el alarmante incremento de la discriminación contra la comunidad LGTB en su país. Cuatro meses después, en febrero de 2017, el Parlamento Europeo condena que se esté produciendo este incremento de la discriminación de las personas homosexuales, bisexuales y transexuales en su país, pronunciándose en la misma línea el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. Precisamente, a lo largo de 2016 y 2017, hasta 1220 personas habrían participado en una encuesta realizada en las 34 provincias del archipiélago mediante la que se concluye que el 87,6 % de los ciudadanos considera que el colectivo LGBT supone una amenaza, rechazando hasta el 79 % la idea de tener como vecino a una persona homosexual, bisexual o transexual.

Este tipo de valoraciones parece estar ligada con el hecho de que hasta un 81,5 % está convencida que las relaciones entre personas del mismo sexo están prohibidas en todas las religiones, no sólo en la musulmana que se practica de forma moderada por el 88 % de los indonesios, aunque el los últimos años se ha producido un incremento del fundamentalismo religioso, según denuncian los activistas. Asimismo, desde Human Rights Watch denuncian un aumento de la retórica contra el colectivo LGBT en los últimos dos años, lo que se ha traducido en acciones por parte de «justicieros» civiles, además de las redadas realizadas por las autoridades amparados en la mayoría de las veces por la ley contra la pornografía.

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