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La guerra contra las drogas de Filipinas está afectando a los programas de prevención de VIH

Tal y como habían adelantado desde Human Rights Watch, un informe revela que la guerra contra las drogas del gobierno de Rodrigo Duterte está poniendo en riesgo los programas de prevención contra el VIH

Luis M. Álvarez • 09/10/2017

La guerra contra la droga de Filipinas está afectando a los programas de prevención de VIH | Foto: Youtube

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Un informe confirma las previsiones adelantadas por Human Rights Watch, cuando alertaban de que la guerra contra las drogas del gobierno de Rodrigo Duterte estaba a afectando a los enfermos de VIH. Este viernes, 6 de octubre, se publicaba un informe en el que asegura que los consumidores de drogas ilegales están evitando los programas de prevención de enfermedades por temor a la aplicación de la ley.

Eludir estos programas de prevención, que incluyen intercambios de agujas limpias y servicios de pruebas para enfermedades como el VIH, podría tener un impacto devastador en la salud pública en Filipinas. Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA, se trata del país que tiene el mayor índice de crecimiento de enfermos de VIH en Asia y la zona del Pacífico, produciéndose la mayor parte de incremento de la enfermedad entre los miembros de la comunidad LGBT. Los drogadictos que evitan los centros de enfermedades podrían poner muy pronto en riesgo el seguimiento de la enfermedad en el país.

«Este tipo de políticas tiene un impacto muy negativo en la tasa de infección de varias enfermedades, desde la tuberculosis hasta la hepatitis y el VIH (...). Habrá muertes secundarias que serán muy difíciles de controlar y cuantificar», asegura Agnes Callamard, experta en derechos humanos de la Universidad de Columbia, que colabora con Naciones Unidas. El acceso a agujas y jeringas estériles para usuarios de drogas inyectables es fundamental para la prevención del VIH, según la Organización Mundial de la Salud, donde consideran que este tipo de programas pueden fomentar aún más el tratamiento de drogas y la atención médica en la población afectada.

A pesar del temor a la aplicación de la ley, más de 700.000 personas drogadictas se habrían «entregado» a las autoridades el año pasado, siendo enviados a programas de rehabilitación muchos de ellos que incluyen la construcción de ataúdes para las víctimas de la guerra contra las drogas, «programas de subsistencia basados ​​en la comunidad», como agricultura orgánica y ganadería, así como centros de rehabilitación residencial. «No vemos a los usuarios de drogas como criminales, sino como personas que están enfermas y necesitan ser tratadas», declara un representante de la Cámara de Representantes de Filipinas, asegurando que están trabajando en la financiación de nuevos centros de rehabilitación.

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