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La ley antidiscriminatoria entra en vigencia en Buenos Aires

Ya está vigente la ley antidiscriminatoria en Buenos Aires impulsada por la FALGBT, quienes exigen su implementación a nivel nacional.

Ariel Alan • 10/06/2015

Manos gay corazón | Foto: nito100/iStock/Thinkstock

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Este miércoles se publicó en el boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires la Ley contra la Discriminación, iniciativa de la legisladora porteña María Rachid junto a los legisladores Daniel Lipovetzky, Enzo Pagani y la legisladora Gabriela Seijo. La norma fue impulsada por la FALGBT, la Mesa Nacional por la Igualdad y de otras organizaciones que defienden los derechos de diferentes colectivos. “Desde la FALGBT exigimos una pronta implementación a través de un organismo apropiado y llamamos al Congreso de la Nación a impulsar el proyecto a nivel nacional”, sostienen.

La Ley 5261 de la Ciudad de Buenos Aires —Ley contra la Discriminación—, sancionada por la Legislatura porteña el 9 de abril pasado, fue publicada el 10 de junio en el Boletín Oficial de la Ciudad. Según indica el Boletín, la ley quedó automáticamente promulgada el día 8 de mayo, por lo que sólo restaba su publicación para completar el trámite que le permite entrar en vigencia.

La Ley contra la Discriminación es una propuesta de la FALGBT redactada junto a la Mesa Nacional por la Igualdad y muchas otras organizaciones que defienden los derechos de grupos víctima de discriminación, y fue impulsada en la Legislatura por la diputada y expresidenta de la FALGBT María Rachid, así como por Daniel Lipovetzky, Gabriela Seijo y Enzo Pagani. Desde su fundación la FALGBT viene promoviendo la reforma de la legislación antidiscriminatoria a nivel nacional, así como la aprobación de normas en el mismo sentido a nivel local en los diferentes distritos.

Entre otras cuestiones, la Ley 5261 establece una larga lista de pretextos discriminatorios, incorporando la orientación sexual y la identidad de género, pero también otros grupos como adultos/as mayores o personas con discapacidad, que tampoco están contempladas en la legislación nacional. Además, se establecen los procedimientos de denuncia e investigación de actos discriminatorios, garantías procesales como la inversión de la carga de la prueba del carácter discriminatorio, que hará mucho más simple probar la discriminación sufrida, o la legitimación de las organizaciones para denunciar y e impulsar acciones civiles o penales.

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