Grupo Parlamentario Socialista pregunta sobre las medidas que va a tomar el Gobierno con el Colegio Concertado de Alcorcón por incumplimiento de la Ley Contra la LEGTBIfóbia

A continuación reproducimos íntegramente la nota de prensa remitida a Universo Gay por Carla Antonelli con fecha 20 de Octubre de 2016.

Universo Gay • 20/10/2016

Carla Antonelli | Foto: Uso permitido

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Ayer, el Grupo Parlamentario Socialista ha preguntado en la Comisión de Educación sobre cuáles son las medidas que piensa tomar el Gobierno Regional con los centros educativos que incumplan la Ley Integral Contra la LGTBIfóbia, a raíz de la carta enviada a las y los alumnos y sus familiares por el Director del Colegio Concertado de Alcorcón, Juan Pablo II.

A su vez, saber cuál ha sido el resultado del informe que el Gobierno ha encargado al Servicio de Inspección Educativa por la carta que ha enviado el Director del Colegio concertado de Alcorcón, Juan Pablo II y sostenido con fondos públicos.

La diputada socialista, Carla Antonelli, destacó que “esa misiva destila incitación al odio de principio a final y no solo al colectivo LGTBI, en un claro intento de presionar o influir en los padres y alumnos para el incumplimiento de las leyes vigentes aprobadas en la Comunidad de Madrid, como la del 17 de marzo integral de transexualidad o la del 14 de julio contra la LGTBIfóbia, o el mismísimo espíritu de la Carta Magna”

Y que no satisfecho con esto, el director del Centro, Don Carlos Martínez, intentó hacer una artera analogía del terrorismo yihadista con la que llama “Ley de Ideología de Género” diciendo que “el parecido es inquietante”. Pero “lo sinceramente lo que inquieta es que este señor sea Director de un Centro Educativo pagado con el dinero de todas y todos los madrileños”

Igualmente, preocupante que el Director del Centro diga que “El Islam y la ideología de Género no son más que programas humanos condenados a la disolución y el fracaso” islam, que no es, sino que otra religión igual que la católica y cuyo ejercicio también consagra la Constitución.

Y respecto a qué medidas que puede tomar el Gobierno Regional, la diputada socialista le apuntó que en el artículo 70 de la Ley Contra la LGTBIfóbia, punto 2, apartado “a” dice que será una sanción administrativa leve con multa de 3.000 euros el “ Utilizar o emitir expresiones vejatorias por razón de orientación sexual e identidad o expresión de género o que inciten a la violencia contra la personas o sus familias, en la prestación de servicios públicos o en cualquier medio de comunicación, por lo que aquí confluyen dos motivaciones, la prestación del servicio público, porque en efecto, la educación es un derecho público y el Gobierno Regional ha delegado en ese centro y en ese director la función de realizar ese derecho, además por otro lado la carta remitida a los padres y alumnos es un medio de comunicación y expresión publicitada.

Pero luego si nos vamos al artículo 3, punto “a” dice que las reiteraciones de estas afirmaciones ya pasan a ser una infracción grave, sancionadas con hasta 20.000 euros y a las que podrán ponerse sanciones asesorías, tipificadas en el artículo 72, punto 2 “a” de la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Comunidad de Madrid por un período de hasta un año.

Cosa que han hecho, publicando un comunicado en su página web, reiterándose y pidiendo respeto a esta apología del odio amparándose en una supuesta libertad religiosa que ellos mismos vulneran atacando al Islam, pero que no puede ser utilizada obviamente si esta pasa por encima de nuestro estado de derecho, las leyes emanadas de la Asamblea de Madrid o la propia Carta Magna, ya que el artículo 16 de libertad religiosa nada dice que ese derecho pueda vulnerar el 14 contra la discriminación y contra cualquier circunstancia personal o social. Igualmente, tampoco puede contravenir el artículo 10 sobre el libre desarrollo de la personalidad, que fue en el que se basó el Tribunal Supremo en las sentencias de 1988, 89 y 91 que crearon jurisprudencia para el cambio de nombre y sexo en el registro civil de las personas transexuales. Por lo tanto, queda bien claro el ámbito de protección de estos dos artículos.

Pero a su vez por si no encontraba materia suficiente le dirigió al artículo 510 de la Ley Orgánica 1/2015 que dice que aquellos que directa o indirectamente promuevan o inciten al odio por motivos de orientación o identidad sexual, serán condenados con una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de seis a doce meses.

Concluyendo que un derecho no puede pisotear ni vulnerar otro, por lo que el Grupo Parlamentario Socialista espera que el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Consejería de Educación tomen cuantas medidas sean necesarias contra quienes que todavía piensan que pueden incitar al odio y a las discriminaciones hacia el colectivo LGTBI, u otras cuestiones delictivas como promover el incumplimiento de las leyes.

Enlace al video de la intervención:

https://www.youtube.com/watch?v=ksSARwziGJk&feature=youtube.com

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