Personal de seguridad de centro comercial condenado a aprender sobre comunidad LGTB

Un tribunal condena al personal de seguridad de un centro comercial de Barranquilla (Colombia) a aprender sobre la comunidad LGTB por un caso de discriminación por orientación sexual.

Luis M. Álvarez • 10/07/2016

Centro Comercial Portal del Prado Facebook | Foto: Uso permitido

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La Corte Constitucional reconoce los derechos de un joven homosexual de Barranquilla (Colombia) que había sufrido discriminación en base a su orientación sexual, condenando al Centro Comercial Portal del Prado a presentar disculpas públicas a la víctima en un plazo no superior a 48 horas tras el comunicado de la sentencia, asimismo, el personal deberá instruirse sobre la comunidad LGTB, como también apela a que lo haga el propio personal jurídico que falló en primera instancia contra el joven homosexual.

«Instruir, por el tiempo que considere conveniente, al representante legal, al jefe de seguridad, a los supervisores y demás personal de seguridad del centro comercial mediante algún programa pedagógico con el cual promocione los derechos fundamentales a la dignidad humana, al buen nombre, a la honra, a la igualdad y a la no discriminación de las personas LGBT, así como a la erradicación de cualquier forma de discriminación contra esa comunidad», explica la notificación de la corte en un fallo que sienta un precedente histórico para la comunidad LGTB colombiana.

La agresión se produce el 21 de enero de 2015, cuando Héctor Barros, de 23 años de edad, tras haber entrado a uno de los cuartos de baño del establecimiento, es interpelado por un vigilante de seguridad, quien le prohibe hacer uso del baño y lo saca del lugar acusándolo de protagonizar actos obscenos. «Lo sacaron a la fuerza con gritos y burlas, incluso le decían a los usuarios del Centro Comercial que lo sacaban por cometer actos obscenos en el baño con otro hombre», explica Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, organización que presentó la denuncia junto a Barros en la semana posterior al incidente.

Ante la denuncia presentada, el personal del Centro Comercial no accede a la revisión de las cámaras de vigilancia, tal y como solicita el demandante lo que según él mismo alega, demostraría que no había cometido acto ilícito o impúdico alguno. De hecho, un juez de segunda instancia falla inicialmente en su contra al determinar que no tiene pruebas que demuestren lo que ha sucedido. De ahí que en su fallo, la Corte Constitucional arremeta también contra los jueces, el Defensor del Pueblo y todas las personas involucradas en el caso, porque según se interpreta, Héctor Barros «se identificó como una persona de orientación sexual diversa, condición que lo ubica como víctima potencial de actos discriminatorios, por lo que adquiere la calidad de sujeto de especial protección constitucional», recordando que no es competencia de una persona demostrar que ha sido discriminada, sino a sus agresores demostrar, en todo caso, que no lo hicieron.

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