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Ponen en libertad con cargos a los policías locales imputados por lesbofobia a una colega

La Audiencia de Palma acepta el recurso del representante de los dos policías locales de Palma imputados por acosar a una compañera por ser lesbiana, a lso que les impone la prohibición de contactar o aproximarse a más de 500 metros de ella.

Luis M. Álvarez • 26/03/2017

Hombre preso | Foto: Jacob Ammentorp Lund/iStock/Thinkstock

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La Audiencia de Palma acepta el recurso interpuesto por José Ramón Orta, representante de los dos policías locales de Palma, Rafel Puigrós y Alberto Juan, imputados por acosar a una compañera por ser lesbiana, a los que pone en libertad con cargos, imponiéndoles la prohibición de aproximarse a más de 500 metros de ella, así como a tratar de comunicarse con ella mediante modo alguno, ya sea físico o telemático.

«El hecho de que la agente ya disfrute de algún tipo de protección policial, reduce el riesgo de que los acusados puedan volver a realizar nuevos hechos como los que se les atribuye, al haberse adoptado otras medidas para garantizar su protección, por lo que la seguridad de las víctimas puede mantenerse igualmente con la adopción de medidas menos rigurosas e invasivas desde el punto de vista de la libertad de las personas», destaca la Audiencia en su auto.

De 38 años de edad, Sonia Vives lleva 13 años en el cuerpo de la Policía Local de Palma de Mallorca, pero tras salir del armario como lesbiana se convierte en víctima de amenazas, extorsiones y agresiones, tanto verbales como físicas, aunque no hacia ella, sino que se traducen en acciones de vandalismo contra su vehículo y su vivienda, llegando incluso a interponer denuncias falsas contra ella. Tras no obtener una solución del representante del sindicato ni de su superior inmediato, quien llegaría a decirle que era ella quien se tenía que ir del cuerpo porque ellos no querían compartir su trabajo con una lesbiana, interpone una denuncia el año pasado, siendo los cuatro acusados imputados en febrero de este mismo año.

Aunque el auto hace referencia al caso de Vives, en realidad, su puesta en libertad se corresponde con un caso de corrupción por el que estarían siendo investigados, en el que ya testificara la propia denunciante, motivo por el que establece medidas cautelares para su protección, como la prohibición de acercarse a más de 500 metros de distancia de Vives y de la testigo que declaró en su favor, ni en su domicilio, in en su lugar de trabajo, ni por medio escrito, telefónico o telemático. Si bien el fiscal pide severas penas de prisión para los acusados, de 10 y 14 años, han tenido en cuenta que no habrían cometido infracciones previas y su buena conducta al estar actualmente siguiendo un tratamiento psiquiátrico.

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