Visto para sentencia el caso Romanones tras la retirada de los cargos por parte de la fiscalía

Queda visto para sentencia el caso Romanones, pero después de que la fiscalía haya decidido retirar todos los cargos al considerar que no han quedado acreditados los hechos que se imputaban al padre Román. Se mantiene la acusación particular y también la popular, mientras que la defensa pide la libre absolución.

Luis M. Álvarez • 22/03/2017

Visto para sentencia el caso Romanones tras la retirada de los cargos por parte de la fiscalía | Foto: Youtube

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El caso Romanones quedaba ayer martes, 21 de marzo, visto para sentencia, después de «29 meses, 10 tomos y nueve sesiones de juicio» por el que han pasado 39 testigos y 14 peritos, cuyas declaraciones han llevado al Ministerio Público a retirar todos los cargos al considerar que no han quedado acreditados los hechos que se imputaban al padre Román, principal y único acusado del clan de los Romanones, al haber prescrito los demás delitos denunciados por Daniel, nombre ficticio del principal y único denunciante del caso.

David o Daniel, nombres con los que se alude indistintamente por los medios de comunicación al denunciante cuya identidad permanece en el anonimato, consigue gran notoriedad en 2014, cuando recibe una llamada del Papa Francisco para pedirle perdón en nombre de la iglesia en respuesta a una carta que le había enviado en la que le relataba cómo había sido supuestamente víctima de abusos sexuales por el conocido como clan de los Romanones, liderado por el padre Román Martínez. El Sumo Pontífice le anima entonces a denunciar y llevar los hechos ante la justicia, cosa que hace, iniciándose el 6 de marzo el mayor caso judicial de pederastia contra la iglesia en España. Dos semanas después, tras escuchar las declaraciones de cuarenta testigos y catorce peritos, la Fiscalía decide retirar todos los cargos al considerar que no han quedado acreditados los hechos que se imputaban al padre Román, principal y único acusado del caso.

«No se puede condenar a una persona si no hay pruebas ni con móviles distintos en las versiones que han dado los distintos testigos (…). Dependemos de fuentes ajenas para llegar a la verdad y aquí hay contradicciones que no esclarecen nada », sostiene Francisco Hernández, fiscal del caso Romanones, ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada al presentar sus conclusiones finales, tras descartar la validez probatoria de cualquier prueba psicológica y dudando de la denuncia de Daniel

Hernández utiliza términos como «distorsión de la realidad» y conducta «extraña» para referirse a Daniel, que sostiene que tiene una aversión a los sacerdotes que no le impide ser numerario del Opus Dei, especulando sobre la posibilidad de que se haya visto motivado para enviar la carta al Papa y denunciar después al padre Román ante los tribunales por la influencia de su director espiritual en el centro educativo del Opus Dei en el que trabaja en Pamplona, quien podría haber dado forma al relato, lo que le lleva a preguntarse si «hubo relaciones o una conspiración del Opus».

«No es lógico que tarde tanto en denunciar ni que se fuera de Erasmus en un momento crítico y previo a la denuncia que se presenta en octubre de 2014 (...). Desde 2009 a 2014, Daniel trata el tema con personas y no presenta ningún trauma. Lamentamos no poder haberle dado una respuesta distinta a Daniel, víctima no sabemos de qué, ya que no hemos podido encontrar elementos para mantener la petición», explica Hernández, afirmando que sigue desconociendo «la verdad» detrás del caso y que aunque pueda pensar que «existía un clima sexual» en el clan de los Romanones, no tiene la certera de si era «o no consentido» ni si llegó a suceder con Daniel, resaltando que «hay ambigüedad en las declaraciones y en la acusación».

Después de hacer algunas modificaciones técnicas, la acusación particular mantiene la petición de 26 años de cárcel para el padre Román, asegurando que se han arrojado suficientes pruebas contra el acusado y justificando las contradicciones del denunciante por la presión de la propia investigación y la reiteradas declaraciones con referencia a hechos que han sucedido hace 10 años. El abogado de Daniel, Jorge Aguilera, sostiene que existen pruebas suficientes y contundentes para condenar al padre Román. En la misma línea se mantiene también la acusación popular interpuesta por Prodeni, sosteniendo que no se ha tenido suficiente consideración con la supuesta víctima durante el juicio y lamentando que pueda no llegar a esclarecerse la verdad en lo que califica como «maltrato institucional».

Por otro lado, la defensa reclama la libre absolución del acusado asegurando que «ha quedado acreditada su inocencia sin paliativos» y que el juicio no tendría que haberse realizado al estar sostenido en mentiras, fabulaciones y la «maldad intrínseca» del denunciante. El padre Román ha negado los hechos desde el primer momento, recalcando que lo que tenía con el denunciante tan sólo se trataba de «amor cristiano».

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